¿Quiénes están obligados a implantar un canal de denuncias?

Dentro de las entidades públicas:

  • Administraciones públicas, ya sean territoriales o institucionales.
  • Autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social.
  • Universidades, sociedades y fundaciones pertenecientes al sector público, así como las corporaciones de Derecho Público.
  • Órganos constitucionales y de relevancia constitucional, así como aquellos mencionados en los Estatutos de Autonomía.
  • Ayuntamientos, independientemente del número de habitantes del municipio.

Dentro de las entidades privadas:

  • Organizaciones públicas y privadas con más de 50 trabajadores.
  • Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, y fundaciones que de los mismos dependan, cuando reciban fondos públicos para su financiación.

Plazo máximo de implantación

En el caso en el caso de los Ayuntamientos cuyos municipios tengan más de 10.000 habitantes y las empresas que tengan más de 249 trabajadores, tienen como fecha tope el 1 de junio de 2023.

Principales normativas reguladoras

Directiva (UE) 2019/1937 (‘Whistleblowing Directive’)

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Desde el 17 de diciembre de 2021 todas las empresas de más de 50 trabajadores y las administraciones públicas deberán disponer de un canal de denuncias interno.