Dentro de las entidades públicas:

• Administraciones públicas, ya sean territoriales o institucionales.
• Autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social.
• Universidades, sociedades y fundaciones pertenecientes al sector público, así como las corporaciones de Derecho Público.
• Órganos constitucionales y de relevancia constitucional, así como aquellos mencionados en los Estatutos de Autonomía.
• Ayuntamientos, independientemente del número de habitantes del municipio.

Dentro de las entidades privadas:

• Organizaciones públicas y privadas con más de 50 trabajadores.
• Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, y fundaciones que de los mismos dependan, cuando reciban fondos públicos para su financiación.

En el caso en el caso de los Ayuntamientos cuyos municipios tengan más de 10.000 habitantes y las empresas que tengan más de 249 trabajadores, tienen como fecha tope el 1 de junio de 2023.

Directiva (UE) 2019/1937 (‘Whistleblowing Directive’)

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Desde el 17 de diciembre de 2021 todas las empresas de más de 50 trabajadores y las administraciones públicas deberán disponer de un canal de denuncias interno.

Generales:

• Garantía de confidencialidad: denunciado y 3 s.
• Publicado en web principal de manera diferenciada.
• Integrar todos los canales internos en uno.
• Definir políticas internas.
• Impartir formación a miembros y trabajadores.
• Tratamiento de datos.

Específicos:

• Canal puede ser gestionado por un externo en caso de carecer de medios suficientes para su gestión.
• Municipios de -10000 habitantes pueden compartir medios entre sí o con otras administraciones públicas que ejerzan sus competencias dentro de la misma CCAA.
• Sanciones por no disponer de canal en los términos exigidos en la ley.